Agrologia

LA IMPORTANCIA DEL SUELO

La historia social rural: del campesinado comunal al individualismo capitalista (en Cataluña)

Artículo publicado el 4/11/2020

“Si no hubiera privilegios no habría miserias”

Aquest article es pot llegir en català aquí.


Introducción

Los antecedentes pre-históricos de la agricultura se explicaron en el artículo Pre-historia de la agricultura en la Península Ibérica. A partir de ahí, conozcamos la historia campesina, o dicho de otro modo, la perdida de autogestión de los pueblos. En concreto, o a modo de ejemplo, en territorio catalán.

Des del momento que los seres humanos necesitan un espacio para construir una casa o un terreno para cultivar el alimento, aparece el concepto de la propiedad. La propiedad forma parte de la cultura humana, y ha sido causa de lucro, desacuerdos, dominios, prohibiciones y revueltas. Es la diferencia cultural, entre personas, pueblos o países, la que conlleva a distintas formas de gestión de esas posesiones.

Resulta sorprendente conocer la historia para ver diferentes gestiones según las épocas. De la propiedad comunal primigenia, o bienes comunes, que los ha habido por todo el mundo sin distinción de culturas, de propiedad colectiva y uso comunitario, a la propiedad privada, individual e individualista, para uso y disfrute únicamente del propietario. Estas distintas gestiones producen en la sociedad del momento distintos grados de bienestar o malestar social. Así pues, conociendo bien la altivez humana, no es de extrañar que se hayan sucedido indecibles revueltas de campesinos, jornaleros, artesanos, obreros, etc… por doquier, siempre bajo el mismo denominador común.

Veamos pues, a continuación, una muy resumida historia de la propiedad en Cataluña (extensible muy posiblemente a muchas otras regiones y territorios del planeta), enfocada principalmente en el campesinado rural, pero introduciendo datos de otros gremios para entender el fervor social de cada época. Digo fervor, porque la historia es una secuencia temporal de constantes conflictos, luchas y revueltas sociales. Los datos que se aportan en este artículo no están desarrollados, pues trata de ser un repaso ágil de hechos importantes en la historia de los catalanes, si no el texto sería, francamente, nada liviano. Bien seguro nos dejaremos conflictos por enumerar, pues son anchas y bastas las revueltas campesinas, y de obreros en general, a lo largo de la historia.

Cabe decir, que la historia sobre los derechos laborales es una lucha antigua, que se repite en el tiempo, yendo la lucha campesina y la obrera de la mano en muchas ocasiones. Considero acertado mencionar aquí un segmento de la canción “La historia se repite”, del grupo Reincidentes, quién lo resume, a mi entender, muy acertadamente:

La historia se repite
Los esclavos contra los amos
La historia se repite
Los vasallos contra los señores
La historia se repite
Los obreros contra los patrones
La historia se repite
Pueblos contra imperios, y no va a terminar…


Prólogo

Cuantiosas revueltas o rebeliones campesinas se han sucedido en la Península Ibérica (así como en toda la superficie terrestre). Ejemplos de ellas son las revueltas mudéjares en Andalucía, Murcia y el País Valenciano, antes y después de 1492; la revuelta Irmandiña en Galicia en el siglo XV, el motín del hambre de Córdoba en 1652, también conocido como Motín del pan, o La revuelta campesina de Loja, conocida como la Revolución del pan y el queso, en Andalucía el 1861. Podríamos enumerar muchas más…

El abuso sobre el campesinado por parte de los mandatarios ha sido generalizado y eviterno a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta. Y como hemos comentado, se resume a continuación de manera grosera los sucesos producidos en el territorio de la actual Cataluña que deterioraron los derechos fundamentales de la sociedad civil. A tal efecto, y a modo de agradecimiento a David Algarra por su trabajo de recopilación y estudio histórico, recomiendo fervorosamente la lectura de su libro “El común catalán” a toda aquella persona interesada en esta temática, del cual se han extraído cuantiosos datos. Cabe destacar la valiosa y meritoria información que se relata, así como su agradable lectura, desgranando la pérdida de derechos civiles a lo largo de la historia y las relaciones entre la población trabajadora, mayoritariamente campesina durante siglos, y la clase privilegiada.

Pincelada sobre el concepto de comunal

El comunal era una gestión de uso popular y equitativa, y un aprovechamiento racional de la naturaleza, los bosques, los ríos, los campos, etc., basado en una conciencia de conservación, ya que era su recurso más preciado. La explotación de los recursos era contrapuesta a la actual explotación masiva, intensiva y sangrantemente extractiva.

La riqueza campesina era la no dependencia de insumos externos, el libre acceso a pastos para el ganado abonaban las fincas agrícolas para ser productivas. Se formaba un círculo cerrado de producción.


Resumen histórico-social

Aquí se presenta la historia despiezada a párrafos. No es un texto lineal, pues sería muy extensa perorata, sino que cada párrafo cuenta una parte de la historia, cuenta unos acontecimientos (sucesos o conceptos) independientes de los demás párrafos, o en algún caso con continuidad entre ellos, siguiendo eso sí, una línea temporal cronológica.

En el marco de crisis social y económica del Bajo Imperio Romano se desarrollaron las Revueltas Bagaudas contra la opresión laboral del sistema militar y de los grandes propietarios, sobre todo entre los siglos III y V, y que continuaron hasta el siglo X. Los bagaudas eran un movimiento de carácter campesino, algunos eran esclavos y otras personas libres que no deseaban las cargas del Estado, y que lucharon contra los grandes terratenientes que contaban con el apoyo de los ejércitos romanos.

Durante la Alta Edad Media, las zonas rurales, cuantiosas y potentes, disponían de bienes comunales (bosques, pastos, molinos, hornos, etc.) así como un concejo abierto*, donde se organizaban, debatían y gestionaban los aspectos de la vida social y económica que compartían los vecinos. Estas asambleas generales, – como especifica Algarra-, hacían, por ejemplo, regulaciones en el aprovechamiento de bosques comunales, control y regulación de crecimiento de rebaños, ordenaciones para la defensa del mar contra técnicas depredadoras, pleiteaba por derechos, controlaba condiciones de ventas de víveres, fijaba sus precios, etc. Era una organización política propia.

*La asamblea de vecinos o concejo abierto era la organización política local, donde se debatían y gestionaban los aspectos sociales y económicos comunes (uso de tierras, praderas, bosques, edificaciones e infraestructuras, vigilancia, limpieza de zonas comunes, etc. Esta entidad creaba fuertes vínculos entre los habitantes, reforzando el apoyo mutuo y la solidaridad.

El ejido o emprivio (empriu en catalán), es el derecho de aprovechamiento comunal de ciertos bienes rústicos, en general pastos, bosques y aguas, que tienen los vecinos de un pueblo o comunidad rural, así como también se llama a la tierra del común u otro bien objeto de este derecho.

Durante la mayor parte de la Edad Media había un cierto poder popular, más allá del poder condal, señorial o eclesiástico. Estos distintos poderes tuvieron menor o mayor autonomía según regiones, pero en numerosas ocasiones estuvieron enfrentados. Este poder popular primigenio de las comunidades locales, que servía como órgano de gobierno, se denomina Universitas, o  Asamblea General de Vecinos. Así pues, Universitas, o universidad (universitat en catalán), concepto ajeno a la excepción que hoy más se conoce con esta palabra, es la comunidad de habitantes de un lugar, se haya o no establecido un órgano de gobierno. A lo largo del tiempo, las propiedades de las universitas son variables, viéndose fuertemente reducidas a finales del segundo milenio d.C. Más adelante se comentan algunos ejemplos de propiedad de estas universitas del siglo XVIII.

Los lugares de reunión y asamblea eran variopintos, podían hacerse en una zona importante del pueblo, en la iglesia, en la plaza, en el cementerio, en el patio del castillo, en la era de una masía, en casa particular, bajo un árbol, en la parroquia, etc. La parroquia era la entidad donde se reunían los vecinos para tratar sus asuntos, como es el caso de la parroquia de Peralada, construida por el pueblo. Con el tiempo se creó un espacio físico para las reuniones del consejo municipal, La casa del común, que posteriormente acabaría denominándose Ayuntamiento.

Como dice Jordi Viñas (El Común catalán), los campesinos tenían una idea indígena sobre la propiedad de la tierra, que se contraponía al ideal liberal del sagrado derecho de la propiedad. Según esta cosmovisión, no son las montañas las que pertenecen a los vecinos, sino que son los vecinos los que pertenecen a las montañas y ni siquiera podían transferir a sus hijos la propiedad de un trozo del comunal porque no era enajenable. Aunque por haber nacido allí y tener casa con fuego, sí tenían derecho al disfrute. Eso permitía que el comunal, según esta concepción, se mantuviera inalterable o fuese una fuente de subsistencia para las futuras generaciones, es decir, se tuviera en cuenta la sostenibilidad de la tierra.

Las presuras (aprisions en catalán) son la ocupación de unas tierras abandonadas para cultivarlas y repoblarlas. Las primeras presuras documentadas en Cataluña se producen en el período  de 780-825 d.C., primero en la Septimania (entrando por zona francesa), y posteriormente en los valles pirenaicos y más al sur. Estas situaciones pudieron derivar en disputas entre las comunidades autóctonas y por gentes emigradas de otras tierras.

El movimiento “Pau i Treva” consiguió parar en gran medida las pretensiones señoriales durante los siglos XI, XII y XIII. Este movimiento social fue impulsado por el campesinado, y secundado por la Iglesia, como respuesta a los abusos perpetrados por los señores.

Los Usatges de Barcelona, son los usos y costumbres que forman la base de las constituciones catalanas. Históricamente, el derecho común en la Cataluña Vieja se basaba en estos textos de diversa procedencia normativa, que comenzaron a ser recopilados a partir del siglo XI. El Usaje es una forma jurídica de los usos y las costumbres de un territorio y constituye parte del derecho consuetudinario.

Los derechos hereditarios e indefinidos de los campesinos sobre sus tenencias se comenzaron a definir como dominio útil en el siglo XIII, pero eso no impedía que los payeses continuaran teniendo un control total sobre la organización de la producción. El control social nunca logró el grado que se obtuvo a partir de la revolución liberal del siglo XIX.

A partir de los siglos XII y XIII, y más consolidado en el XIV, la asamblea general de vecinos nombra un grupo reducido de personas que actuaran en nombre de la comunidad (concejo cerrado), aunque sin cargos permanentes y con funciones determinadas. Aparece pues el concejo cerrado, aunque la soberanía continuaba en poder de los vecinos. Esta adaptación fue muy variable en tiempo y poblaciones.

El año 1202, los señores se reunieron en las Cortes de Cervera, donde firmaron el Ius Maletractandi o malos usos señoriales, un derecho que les facultaba a maltratar, encerrar y desposeer de sus bienes a las familias campesinas. Aunque estas costumbres feudales ya se realizaban anteriormente, es años a posteriori que se implantan en mayor grado, y no sería hasta mediados del siglo XIV que los señores conseguirían atar a muchos agricultores a sus tierras perdiendo su autonomía.

Según Eva Serra (Els béns comunals a la Catalunya moderna), el estudio de los comunales debe situarse fuera del derecho romano y dentro de la naturaleza jurídica del sistema feudal, donde prevalece el carácter de las relaciones comunitarias por encima de cualquier naturaleza estrictamente individual. Cierto es que el establecimiento emfitéutico es una relación individual entre señor y payés, pero habitualmente esta relación se da en un contexto más amplio, sea la señoría, sea la universidad, u otra unidad más amplia. No debe olvidarse la existencia y formación de la universidad, entendida como persona jurídica que actúa en nombre de toda la comunidad.

A partir de 1200, y hasta el 1600, el cambio no fue lineal ni homogéneo en todo el territorio, las asambleas generales o concejos abiertos pasan a ser concejos cerrados o reducidos, como es el caso de la asamblea cerrada Consell de Cent (S. XIII). Eventualmente la asamblea general se seguía reuniendo en algunas ciudades y poblaciones rurales, pero es a partir de este momento que se va perdiendo paulatinamente el poder popular para darlo a la nobleza acomodada, perdiendo los bienes comunales a favor de las oligarquías locales.

Muchos son los ejemplos de asambleas generales y concejos abiertos de poblaciones rurales. También se realizaban asambleas entre pueblos si era necesario compartir tierras o usos, como el caso de la Comuna del Camp, que surgió en 1274 y llegó a reunir a 112 municipios del Camp de Tarragona (actualmente a las comarcas del Tarragonès, Alt Camp y Baix Camp), hasta su abolición por los Decretos de Nueva Planta.

La Peste Negra, proveniente de China, estalló en Cataluña en 1348. Esta epidemia llevó al abandono de muchas tierras por parte de los payeses, y por consiguiente, las rentas de los señores feudales disminuyeron. Para compensar la situación, triplicaron los impuestos a los pocos siervos que quedaban, endureciendo las condiciones de servidumbre. Las lamentables condiciones de vida, la falta de alimentos y la subida de los precios condujeron a fuertes tensiones y agitaciones en el campo.

 En el 1368, tras la abolición de la gabella de la sal (impuesto sobre la sal), se crea el impuesto de fogaje, de fogatge en catalán. En este sentido, era un impuesto al hogar, entendido como lugar dónde se hace fuego, que a su vez, representa una entidad familiar.

Las guerras remensas fueron unas revueltas contra los abusos señoriales, se sucedieron entre 1462 y 1485. Estas revueltas campesinas condujeron a la Sentencia Arbitral de Guadalupe, del 21 de abril de 1486, que los liberaba de abusos, como el Ius Maletractandi, a los que los tenían sometidos sus señores feudales.  Aunque no fue de manera gratuïta, sinó a cambio del pago de una indemnización por parte del campesinado, previo pago de 60 sueldos por familia. Durante el siglo XIV se sucederían constantemente pequeñas revueltas, disturbios, e incluso la quema de algún molino por el pago de la tasa.

El bandolerismo estuvo también ligado al campesinado y a la forma de vida rural. Existieron bandoleros que fueron en contra del señor, así como los hubo que lo defendieron, recompensados por ello. Un famoso bandolero catalán es Joan Sala i Ferrer, conocido como Serrallonga, quien era payés antes de dedicarse a los asaltos.

En 1513 se firma el Tratado de Arrem o Tratado de Lies i Patzeries, donde los valles de Sent Biat (occitania francesa) y el Valle de Aran (occitania catalana) se comprometen a tener paz y continuar con sus relaciones comunales aunque entren en guerra Francia y España.

En el 1585, -comenta Eva Serra-, el Pleito de Maldà demuestra que la universidad en nombre del común reivindicaba un patrimonio comunal polifacético, donde no solo reivindicaba los bosques, las aguas, las piedras, la caza, las hierbas y los pastos de su jurisdicción, sino también la carnicería, así como el derecho de ban. Reivindicar el derecho de ban significaba reivindicar la capacidad judicial del nombramiento del batlle o alcalde y la ordenación del territorio.

El 1640 se inicia la Guerra dels Segadors (nombre que da título al himno de Cataluña Els Segadors), que se inició con las revueltas campesinas del Corpus de Sang. Esta guerra, que duraría hasta 1652, tenía una vertiente social y otra política: Primeramente, fue una revuelta de los payeses contra los señores y las autoridades por la situación de pobreza existente y los abusos cometidos por el ejército real; en segundo término, la clase catalana acomodada se enfrentó al intento del Conde-duque de Olivares de uniformar la monarquía según las leyes castellanas. 

Cabe destacar que el ambiente general estaba al rojo vivo. En Europa andaban con la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y España andaba enzarzada con Francia en la Guerra Franco-española (1635-1659). Internamente estos países también tenían sus rebeliones como hemos visto con els segadors. Y en Francia, entre otras, hubo la Revuelta de los Crocantes contra el rey Luís XIV por el incremento de los impuestos estatales y señoriales, capitaneada por el payés occitano Joan Petit en Vilafranca de Roergue el 1643. Fue capturado y condenado al suplicio de la rueda, y de ahí que todavía se cante una canción popular sobre ello, que en Catalunya ha evolucionado a canción infantil. O en Inglaterra, con el movimiento de los cavadores o diggers, que cuestionaron el derecho de la propiedad.

Entre 1687 y 1689 se produjo la Revuelta de las Barretines, una revuelta campesina motivada por un malestar social vinculado a una crisis agraria y a los abusos de poder del gobierno. Finalmente fue sofocada militarmente.

Se creó la Lliga camperola, un ejército payés revolucionario, en contra de la oligarquía política y económica.

El 1716, el rey Felipe V promulga los Decretos de Nueva Planta, aboliendo las leyes propias e instituciones tradicionales catalanas, y sustituyéndolas por unas nuevas. Estos Decretos, entre otros cambios, sustituyen los concejos por ayuntamientos.

Como curiosidad arquitectónica y cultural, comentar que entre los siglos XVI y XVIII se erigieron, en pueblos rurales de las zonas prepirenaica y pirenaica, pequeñas construcciones o templetes llamados esconjuraderos, o comunidors en catalán. Se situaban normalmente cerca de la iglesia, y se utilizaban específicamente para albergar rituales destinados a conjurar tormentas o tronadas, las plagas y otros peligros que amenazaban a las cosechas. Un ejemplo sería el Comunidor de Sant Joan d’Oló, en el Bages, aunque han caído en desuso y la mayoría presenta un estado ruinoso.

Y se puede hacer mención también de la tradicional práctica de las cabañuelas que tanto se han usado históricamente en el mundo rural, y que hoy día apenas se conocen. Aunque no resulta extraño, puesto que la manipulación climática que padecemos, con la aceptación silenciosa de los gobiernos, altera el clima y, por lo tanto, su interpretación. 

A partir del siglo XVIII se estandariza el individualismo agrario, perdiéndose prácticamente por completo el comunal. El individualismo avanza ante las estructuras colectivas. También se van cercando tierras y perdiendo zonas de pasto, ligadas a la propiedad privada, que produce confrontaciones.

En el año 1760 se inicia la Revolución Industrial en el Reino Unido, desarrollándose bastamente por toda Europa. A partir de este momento se multiplican las fábricas industriales, así como se desarrolla la agroindustria. Visto el trabajo duro campesino, cierta población rural, campesina y de otros gremios, decide ir a trabajar a zonas industriales, pasando a ser obreros fabriles, proletarios de ciudad. Así pues, la lucha de clases cambia de caras pero sigue su curso, haciéndose ahora más beligerantes en las zonas urbanas.

Con la revolución industrial empieza un gran éxodo rural, que durará años, y que acabará con un grave problema de despoblación rural, lo que se conoce como la España vaciada.

La “gabella” era un impuesto que cobraba el Estado durante el Antiguo Régimen (anterior a 1789) a los productos agrarios, y que se fue extendiendo a otros sectores.

A diferencia de lo que se piensa, muchos bienes comunales, gestionados por las universitas, han existido hasta fechas recientes (siglo XVIII), aunque son los menos. En el artículo Béns i usos comunals al Camp de Tarragona i la Conca de Barberà, de Valentí Gual, se agrupan distintos bienes comunales en distintas poblaciones de la provincia de Tarragona durante los siglos XVI-XVIII, aquí se mencionan algunos ejemplos:

  • Puigpelat (comarca de l’Alt Camp): en 1766-1768, la universitas dispone de horno para cocer pan, carnicería, emprivio de riego, balsa grande de agua con emprivio de abrevar los animales, pozo común para gua de boca y pozo para abrevar, dos carreradas y 4 jornales de tierra baldía.
  • Gratallops (comarca del Priorat): en 1744, la universitas dispone de molino harinero, herrería y una carnicería.
  • Torroja (comarca del Priorat): en 1744, la universitas dispone de molino de aceite y balsa, horno, una casa, un terruño, una fuente, tierra campa de un cuarto de labrador y otra de medio jornal, y dos balsas, una de ellas muy grande.
  • La Pobla de Montornès (comarca del Tarragonès): en 1776, la universitas dispone de cuatro pozos, una balsa, una balsa que recoge aguas pluviales, medio jornal de tierra y otra pequeña porción, cinco carreradas, la iglesia con el campanario y el cementerio, una plaza pública, una casa, la Casa del Común, la carnicería y un patio.

La pérdida histórica del comunal, en favor de la privatización de las tierras, supone para muchos vecinos de los pueblos perder la capacidad de uso de tierras y pastos, perdiendo su autonomía laboral, y cayendo en la condición de jornalero, teniendo que trabajar para un tercero, así como acabaron muchos obreros fabriles. Quedando a merced de la explotación laboral.  

En el siglo XVIII, fueron los políticos ilustrados los que acabaron de apropiarse de las tierras comunales. La legislación liberal da el golpe definitivo al modelo comunal y se posiciona en contra del antiguo acceso libre a los recursos comunales. Se decreta el derecho a la propiedad plena.

Los ilustrados partían de la idea de que lo que era del común no era de nadie, por lo que podían apropiársela, y además estaban en contra de la derrota de mieses o la re-siega (actividades para el aprovechamiento y beneficio de terceros), alegando que cuando la tierra producía pertenecía a sus titulares o a los que la cultivasen, considerándolo usurpación, porque privaba a los cultivadores de una parte de su esfuerzo.

La Ley Agraria de 1794 instaba a la eliminación de todos los obstáculos a la propiedad de la tierra, eliminando los derechos comunales.

La Real Hacienda incrementaba su economía si no existía el comunal e incrementaba la propiedad privada, ya que el comunal era una propiedad compartida y sin una persona física dirigente.

Durante el siglo XVIII, -como dice Eva Serra-, en la Cataluña Nueva más que en otras zonas catalanas, tomaba el relieve la quèstia de origen condal, en manos del señor en lugar de en manos del rey o el conde.  El proceso histórico determino diferencias estructurales en los campos agrarios siendo al este del río Llobregat (Cataluña Vieja) de signo individual-payes, y al oeste (Cataluña Nueva) de signo comunal-señorial. También hubo notables diferencias entre la llanura y la zona de montaña.

Tal y como explica muy bien Algarra, la Iglesia y el poder aristocrático de los siglos XVIII-XIX, y después el poder burgués, desde el principio intentaron acabar con la organización popular para tener el control exclusivo de los recursos, tanto de los naturales como de los humanos. En un principio tuvieron que hacer muchas concesiones y pactos, ya que su poder no era suficiente para imponerse a las clases populares, que existían como un auténtico poder alternativo con autonomía e identidad propia; pero de manera lenta y contenida a lo largo de los siglos consiguieron su objetivo, que no era otro que el de restablecer ciertos principios de la cultura clásica y romana que tanto admiraban.

En 1809 se produce una rebelión popular en el motín de Femeret, en Lleida, cómo la progresiva insatisfacción del pueblo generada por las crecientes penurias materiales, el incesante reclutamiento y las considerables desigualdades fiscales, jurídicas y políticas.

Algunos ayuntamientos ahogaron los vecinos del pueblo por medio de deudas, que tenían más interés en alargarlas que en suprimirlas. Como ejemplo, a inicios del siglo XVIII, en el Urgell, «unos payeses renunciaron al aprovechamiento de sus pastos para redimir la carga de los censales con su arrendamiento. En 1756 el Ayuntamiento construyó un corral y consiguió el monopolio de la venta de fertilizante en una época en que este producto aumentaba de precio por la disminución de la ganadería. Los payeses se encontraban con la paradoja de tener que comprar el abono al ayuntamiento para fertilizar sus campos, después de haber renunciado a su derecho de mantener ganado en sus tierras».

A finales del siglo XVIII, la sucesión de desamortizaciones españolas también afectaron a los comunales y el mundo campesino.

La aplicación del Decreto de las Cortes Constitucionales de 1813 establecía erradicar los comunales y las servidumbres comunitarias.

Durante el Trienio Liberal (1820-1823), hubo rebeliones contra estos, pero los liberales contestaron con una contundencia desmedida y autoritaria con multas, quema de pueblos y fusilamientos. El odio de las clases populares hacia el ejército aumentó.

A lo largo del siglo XIX hubo discrepancias por las tierras, con usurpaciones por parte de algunos vecinos y ocupaciones por parte de otros que consideraban ilegitima la propiedad. Finalmente, la mayor parte de las tierras pasaron a ser de propiedad privada, adquiriéndola la clase acomodada.

En varios territorios de la península ibérica, existía todavía una división entre las partes de montaña y las de llanura, explicándose las diferencias sociales y económicas de ambas partes. En la montaña, de política pro-realista, se mantenía el comunal y el policultivo, la silvicultura, la ayuda mutua y la propiedad no concentrada, mientras que, en la llanura, de política pro-liberal, las propiedades estaban en manos de terratenientes, con producción en monocultivo y trabajo asalariado.

La actividad rebelde realista creció en 1822 debido a la bajada de los precios agrícolas, las nuevas contribuciones del gobierno liberal que redujeron los ingresos de los campesinos, la sequía y la desamortización.

La pérdida de comunal, y subida de precios e impuestos, provocan guerras civiles en Catalunya, la de los Agraviados o Malcontents (1827), y guerras carlistas del segundo y tercer tercio del siglo XIX. Mientras los partidarios del liberalismo luchaban para consolidar el derecho de la propiedad total y excluyente, los payeses, jornaleros y artesanos pobres se incorporaban a estas guerras civiles y a las filas carlistas con el objetivo de recuperar las tradiciones y costumbres comunales que les permitiesen subsistir.

Entre 1830 y 1840 se inicia en Cataluña un movimiento de asociacionismo obrero que se extenderá por todo el Estado español. En 1840 se crea legalmente el primer sindicato en el Estado, la Asociación de Tejedores de Barcelona. De este movimiento aparecería años más tarde la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), fundada el 1870 en Barcelona, y que daría lugar a varios sindicatos obreros posteriores, así como años más tarde apareció  el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT), fundado el 1888 en Mataró, o el sindicato anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada en 1910.

En agosto de 1836 ocurrió el motín de La Granja de San Ildefonso, en el que obligaron a María Cristina de Borbón a que volviera a poner en vigor la Constitución de 1812 y a que nombrara un gobierno liberal progresista, con la intención de crear una clase media de propietarios que ayudasen a desarrollar las condiciones capitalistas para que el Estado pudiera recoger más impuestos.

El 3 de mayo de 1823 se dicta la Ley de Señoríos o abolición de los señoríos.

La reforma liberal operaba para mejorar las condiciones contractuales a los propietarios y empeorarlas para los cultivadores, lo que contribuía a que las clases populares fuesen todavía más pobres. [Al igual que se hizo en el siglo XIX, los liberales modernos siguen sus pasos, como la Reforma laboral de 2012 aprobada por el Partido Popular].

En el pueblo de Llagostera, todavía en 1843, se realizó un referéndum acerca de la reivindicación de los derechos de la gente del pueblo sobre el comunal. En más lugares hubo intentos de recuperar el dominio común.

El 1844 se crea el cuerpo militarizado de la Guardia civil, para garantizar el orden y la ley, y para proteger la propiedad privada. Por otro lado, los catalanes siempre estuvieron en contra de los quintos, hasta su desaparición. Diversas revueltas de los Quintos se produjeron en Cataluña. La obligación del servicio militar desaparecería definitivamente en 2001.

El hambre y el descontento general persisten. No ayuda que el impuesto sobre los alimentos recaiga sobre el consumidor y no sobre el productor. Algunas partidas de carlistas se mantienen por Cataluña como bandoleros, llamados Trabucaires, que imponían impuestos revolucionarios para subsistir.

En la guerra dels matiners de 1846, como en la tercera guerra carlista, la causa principal del alistamiento fue la miseria de las clases populares, especialmente en esta última, de las zonas rurales.

Durante el final de la Década moderada (1844-1854), en algunas zonas todavía continuaban luchas por recuperar el comunal.

Hubo revueltas en toda Europa contra la mecanización del proceso de producciones, que disminuía la mano de obra necesaria, como el caso de la revolución de la Vicalvarada (1854). Entonces creció el asociacionismo obrero. El 21 de junio de 1855 se prohibieron las asociaciones obreras, y la respuesta fue una huelga general, la primera en España, que se extendió a todas las regiones industrializadas.

El 1855 se lleva a cabo otra desamortización, Ley de Madoz o desamortización de Madoz, que declaró en venta todas las propiedades, principalmente comunales, de los ayuntamientos, del Estado, de la Iglesia y de los propios y comunes de los pueblos, afectando a bosques y montañas, así como posadas, tabernas, hornos, molinos, carnicerías, etc. Aun así, no sin la oposición municipal en defensa de los comunales, de maneras muy diversas, y algunos comunales incluso se seguían aprovechando sin preocuparse por la ley.

Según Bonales, un problema también generalizado fue el fraude de las instituciones y de los funcionarios implicados. El caciquismo establecía redes de clientelismo entre oligarquías e instituciones y favorecía sus intereses. Las instituciones protegían el caciquismo (cosa que hoy día siguen haciendo). La posición de los ayuntamientos frente las propiedades comunales eran distintas según municipios.

Pi i Maragall, segundo presidente de la Primera República presentó una ley de modificación de la desamortización de Madoz, para retornar los bienes comunales a los pueblos, con el objetivo de que las clases populares retiraran el apoyo a la causa carlista, pero la ley nunca se aprobó.

El año 1879 llega la filoxera a Cataluña, una plaga de la vid proveniente de América del norte que arrasó los campos catalanes y que propició el éxodo rural. Posteriormente con pies americanos (portainjerto) se pudo restablecer el cultivo vitícola, no sin una disminución exagerada de la superficie conreada. Esta situación repercutió también de forma dramática en la producción de aguardiente que se producía en cuantiosas zonas catalanas.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX y principios del s. XX, crece un movimiento asociativo en toda Europa como consecuencia de la crisis agraria. Toma una importancia relevante en el mundo rural, convirtiéndose el sindicalismo y el cooperativismo agrario en los ejes vertebradores de la sociedad agraria. Nace la Ley de Asociaciones, el 30 de junio de 1887, que reconocía por primera vez en el Estado Español el derecho de asociación.  A raíz de esta ley, se constituyeron asociaciones agrarias y cooperativas por toda Cataluña, las primeras en distintos municipios de la provincia de Tarragona: La primera cooperativa agraria de Catalunya se fundó en Valls en 1888, y la primera bodega cooperativa de Cataluña se fundó en  1894 con el nombre de  Societat Agrícola de Barberà de la Conca.

El 14 de noviembre de 1890 se crea el Reial decret per a la creació de cambres agrícoles, promovido por el gobierno conservador, y que facultaba a las entidades a establecer servicios de crédito, seguros, compra-venta de abonos y semillas, ganado y maquinaria. Este modelo tuvo éxito y aparecieron cámaras agrarias por todo el territorio, entidades dónde convergían los intereses de grandes propietarios rurales con el pequeño campesinado. 

A principios del siglo XX, más de la mitad de la población catalana vive en el mundo rural, pero la propiedad de la tierra se concentra en pocas manos. La mayoría de payeses trabajan tierras arrendadas y la agricultura es de subsistencia.

El 28 de enero de 1906, aparece la Llei de sindicats agrícoles, fecha a partir de la cual se considera la expansión del cooperativismo agrario.

Las revueltas populares prosiguen. Durante la Semana Trágica de 1909 se sucedieron en distintas ciudades industriales de Cataluña, por ejemplo de entre ellas, en Reus. 

Resulta imprescindible resaltar aquí, que en 1919, gracias a la huelga obrera de La Canadiense, una reivindicación laboral dirigida por el sindicalismo de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), se consiguió la reducción de jornada laboral a 8 horas, siendo España el primer país del mundo en establecerla por ley. Aun así, en su inicio fue desobedecida abiertamente por la federación patronal, sin consecuencias.

En 1922 nace la Unió de Rabassaires i Altres Cultivadors del Camp de Catalunya (UR), el sindicato viticultor mayoritario para la defensa de los trabajadores del campo (rabasaires, parcers o arrendados). Nace en un contexto abusivo, dónde los viticultores debían el 25% de la cosecha al amo; y en el caso de los masovers, pagaban a medias (50%), una porción del cultivo para ellos y otra para el amo.

El conflicto rabassaire o conflicto de parceries, fue una intensa agitación agrosocial que confrontó a los agricultores con los propietarios de las tierras. Esta lucha rabassaire duró de 1930 hasta el abril de 1934 cuando se aprobó la ley de Contratos de cultivo.

Nace el 12 de julio de 1931 la Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya (USA), una asociación de cooperativas agrícolas formada principalmente por pequeños y medianos propietarios, y que pretendía ser una entidad apolítica, preocupada por la revalorización de los productos del campo. Su órgano de prensa era La Pagesia.

Hubo más sindicatos agrarios de menor o mayor importancia, como fueron la Federació de Cooperatives de Catalunya (FCC), la Unió de Sindicats i Pagesos de Catalunya (USP), la Federació de Sindicats Agrícoles del Litoral (FSAL) o la Unió de Vinyaters de Catalunya (UVC).

Un esquemático resumen del cooperativismo agrario en Cataluña se puede ver aquí.


Segunda República Española

Las reformas agrarias se producen durante el siglo XX en distintos países, con la intención de imponer un repartimento adecuado de la propiedad de la tierra, tratando de eliminar el latifundismo aristocrático. En este contexto, se produjo también La Ley de Reforma Agraria de España, promulgada el 9 de septiembre de 1932, que pretendía resolver la tremenda desigualdad social que existía en la mitad sur de España, dónde los latifundios eran propiedad de unos miles de familias, y casi dos millones de jornaleros sin tierras vivían en condiciones miserables. Con esta reforma, muchos jornaleros creían en una entrega rápida de tierras que no se produjo, lo que provocó gran decepción.

Y en el entorno catalán, la reforma se presentaba como Llei de Contractes de Conreu, de abril de 1934, que satisfacía las demandas de una pequeña burguesía agrícola de rabassaires y parcers.

Al gobierno republicano central de Madrid no les satisfizo la Llei de Contractes de Conreu catalana y estuvieron en contra de su aplicación, por lo que Lluís Companys se rebeló contra ellos. Esta situación, entre otras, como la huelga general, las insurrecciones obreras en todo el país, etc. llevaron a Companys a proclamar el Estado Catalán el 6 de octubre de 1934. El Gobierno central respondió con una fuerte represión, encarcelando al Gobierno catalán, y suspendiendo el Estatuto.

La Segunda República Española, catalogada por algunos de concepción burguesa y capitalista, no resulta ajena a la represión de Estado, veamos algunos ejemplos durante su mandato en distintos territorios peninsulares:

  • Revuelta de l’Alt Llobregat, o Hechos de Fígols de 1932, una protesta de mineros, donde los anarquistas llegaron a proclamar el comunismo libertario. La represión por parte del Estado fue de detención de mineros, y algunos encarcelados y deportados.
  • Los sucesos de Casas viejas, o masacre de Casas Viejas, fue en 1933 en esta localidad de Cádiz, dónde luchaban por los derechos laborales y por el fin del caciquismo, y acabó con el fusilamiento de los insurrectos.
  • En un contexto de fuerte agitación política y conflictos sociales, se produjo el 29 de mayo de 1936 la Masacre de Yeste, sucedida en la provincia de Albacete, cuando la Guardia Civil, ordenada por los republicanos, asesinó a campesinos del pueblo, tras la ocupación comunal de unas tierras.


Guerra civil española

Antes de 1936, en Cataluña el 54% de la población activa ya se dedica laboralmente a la industria. Durante la Guerra Civil, el trabajo de la tierra es un elemento clave para todos los bandos, con el objetivo de suministrar alimento a sus partidarios.

En Cataluña, en algunas zonas los agricultores se apropian de las tierras de los propietarios y forman colectividades. Las colectivizaciones se hacen de forma organizada pero no toman una fórmula homogénea a lo largo del territorio.

Colectivización de los campos. Fuente: No diguis blat…

El 21 de julio de 1936 se crea el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, un organismo para coordinar las milicias en la lucha contra el fascismo. Este comité estaba representado por diversas entidades políticas y sindicales de izquierdas, entre ellas, la Unió de Rabassaires.

El 27 de agosto de 1936 se publica el Decret de Sindicació Obligatòria dels Conreadors de la Terra, que establecía la sindicación obligatoria de todos los agricultores a fin de articular de forma ordenada los diversos aspectos de la actividad agrícola.

Ese mismo agosto de 1936, se forma la Federació de Sindicats Agrícoles de Catalunya (FESAC), por la fusión de la Unió de Rabassaires i Altres Cultivadors del Camp de Catalunya, la Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya y la Unió de Sindicats i Pagesos de Catalunya.

En el boletín oficial de la Generalitat de Cataluña del 28 de octubre de 1936 – Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 302, pág. 373-376 – se publicó el Decreto de colectivización de las empresas industriales y Comerciales, debido a la magnitud de la situación. Este decreto afectaba entre otras, a la agroindustria.


Dictadura franquista

“La dictadura franquista fue una época de terror y represión constante a la sociedad civil que pensaba de manera distinta al régimen. No voy a poner aquí ejemplos de los horrores que se produjeron, pues son infinitos. Y lamentablemente todavía no se ha hecho justicia.”

Con el fin de la guerra, los sublevados devuelven las tierras a sus antiguos propietarios, con efectos retroactivos. Así pues, los agricultores, viviendo miserablemente después de tan vesánica contienda, tuvieron que hacer los pagos del 50% de las cosechas de aquellos 3 años de guerra a los propietarios de las tierras.

A partir de 1939, el régimen suprime la legislación cooperativa y se confiscan las propiedades. El poder sindical y el cooperativismo entran en una fuerte recesión, aunque pasada la dictadura, renacería en 1983.

La situación en el campo se vuelve penosa. Muchos agricultores murieron en la guerra, otros se exiliaron, muchos campos quedaron abandonados. Esta situación, junto a las políticas franquistas de cerrarse al exterior provocan una gran carencia de alimentos, sobre todo en las grandes ciudades es donde más patente es la escasez. En el documental No diguis blat… se cuenta incluso, que gente que residía en Barcelona, se desplazaba por el territorio para robar en las huertas debido al hambre que tenía.

Ante tal escasez alimentaria, el Estado toma medidas para controlar y racionar los productos básicos. Uno de los primeros fue el trigo, y desde el 1937 se instauró el Servicio Nacional del Trigo, para el control y distribución de la producción de este cereal. Se instaura el racionamiento. El Estado compraba alimentos para distribuirlos a un precio fijo a toda la población, mediante las cartillas de racionamiento.

Al ser las raciones más que insuficientes, se abrieron las puertas del mercado negro de productos básicos, el estraperlo. Algunos agricultores trataban de quedarse con una parte de la cosecha para venderla en este mercado, puesto que lo cobraban a un precio mucho más elevado.

El régimen franquista controlaba todo el proceso de producción agrario, des de la semilla a la comercialización. El gran estraperlo y la corrupción de la época favorecieron el enriquecimiento de políticos del medio rural que estaban vinculados a la dictadura.

En el año 1952 se pone fin al racionamiento.

El año 1953 comienza a llegar ayuda económica de Norteamérica y el Estado Español entra en el mercado internacional. Empieza a introducirse maquinaria, abonos y pesticidas en los campos agrícolas, se instaura la revolución verde en el campo. La mecanización aportó mayor bienestar a los agricultores al reducir el esfuerzo físico, pero propició una menor necesidad de mano de obra. Sin embargo, esta revolución verde creó una dependencia casi absoluta de los agricultores con los productos fitosanitarios y abonos de síntesis.

En este momento el sector ganadero se intensifica en forma de grandes granjas, y se desarrolla mucho la agroindustria.

La revolución verde en el campo, la mecanización y el desarrollo de la industria, provocó una elevada demanda de mano de obra en el sector industrial. Este hecho comportó el desplazamiento de millones de personas de las zonas rurales a las urbanas, a menudo en condiciones precarias, despoblándose así las zonas agrícolas. Los sectores empresariales complacientes con el régimen fueron ampliamente privilegiados, hasta tal punto que algunas empresas disponían de mano de obra gratuita.  

Durante los últimos años de la dictadura surgen distintos sindicatos, de forma clandestina. El sindicato que agrupa a los agricultores de Cataluña es Unió de Pagesos, fundada el año 1974.


Transición española

Durante la Transición, los sindicatos fueron legalizados.

Quisiera destacar que en la transición la represión a los obreros no se paró. Los Sucesos de Vitoria, o matanza del 3 de marzo, sucedió en Álava en 1976, cuando la policía desalojó violentamente a 4.000 obreros en huelga que estaban realizando una asamblea en una iglesia. Hubo centenares de heridos y 5 muertos. Como reacción a esa represión se hicieron actos de protesta en varias ciudades, dónde hubo 2 muertos más, uno en Tarragona y otro en Basauri. El cantautor catalán Lluís Llach compuso la canción “campanades a morts” sobre aquellos sucesos.

El año 1983 se crea la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), que recoge oficialmente la herencia de la USA y la FESAC, y resulta ser un órgano de representación y defensa del cooperativismo agrario con la finalidad de reforzar la actividad económica y social del sector.

El 1986 el Estado Español entra en la Comunidad Europea, y con esto al acceso de las ayudas de la PAC. Las subvenciones de la PAC nacieron en los años 50, en el entorno económico de escasez alimentaria tras la Segunda Guerra Mundial, estableciendo una política intervencionista y productivista con el fin de abastecer a la sociedad de alimentos a unos precios asequibles, instaurando sus medidas y políticas de precios y mercados.


El sector agrario hoy en día…

La agricultura forma parte del sector primario de un país, es el sector elemental, básico e imprescindible. La industria de la alimentación, sana y saludable, es fundamental en el abastecimiento de una población, en la nutrición y la salud de la sociedad.

Sin embargo es un sector que se ha despreciado y menospreciado. A menudo, a los payeses y agricultores, así como a las gentes de pueblo, se les trata de personas toscas e incultas, y su labor está malpagada y subvencionada por la PAC. Por un lado, las subvenciones sirven al poder para tener controlado el mercado y los productores (payeses), así como beneficiar a grandes terratenientes; y por otro lado, los precios en origen (lo que percibe el agricultor) son de una diferencia insultante con los precios de destino (lo que paga el consumidor) en la mayoría de cultivos y productos ganaderos. Una parte culpable de esta situación es el Estado, mediante sus contratos políticos con otros países a favor de determinados productos, y dar manga ancha a la globalización, puesto que entran productos alimentarios en el país que no cumplen los requisitos obligatorios para nuestros agricultores (competencia desleal); y otra parte, los intermediarios, que son los que se llevan aquella insultante diferencia que comentábamos. Cabe recordar pero, que estos intermediarios actúan impune y libremente por la inacción del Estado, ya que lo permite.      

Así pues, hemos (como sociedad) condenado al sector primario. Se ha humillado y especulado con sus productos. Disponemos de un sector primordial muy envejecido y sin seguimiento generacional. Esto lleva a la despoblación rural, y conlleva a su vez la aparición del sector terciario, el sector prescindible, aunque tristemente es el sector dominante en este Estado, que ha encontrado su oportunidad en el turismo rural y el agroturismo.

La reducción de agricultores (de 375.000 activos agrarios a principios del siglo XX, a 68.000 un siglo después) conlleva a una reducción del paisaje rural, pérdida de diversidad agrícola, abandono de tierras, problemas de cortafuegos e incremento de riesgos de incendios. Y lo más preocupante, el olvido de una cultura rural ancestral. Sin embargo, son ahora empresas las que se dedican al negocio del campo. Parece irónico que un negocio que un agricultor ha tenido que dejar, muy a su pesar, porque ya no resulta rentable, las empresas le encuentren rentabilidad.


Pérdida de derechos en la actualidad

El liberalismo, de la mano de las políticas neoliberales, sigue ahogando el pueblo en estos tiempos modernos. «Reformas laborales encaminadas a debilitar a los sindicatos y facilitar el despido de los trabajadores, así como políticas de austeridad con el intento de disminuir la protección social mediante recortes del gasto público social» son un caldo de cultivo que empobrece la sociedad y limita sus derechos. Aunque sí se han conseguido algunos derechos laborales en los últimos tiempos, la verdad es que seguimos perdiendo derechos de manera encubierta, habiendo alrededor de un 14% de desempleo en 2019 o un sueldo mínimo interprofesional muy alejado de la media europea. Hemos llegado a la época de trabajar para sobrevivir, sin la capacidad de disponer de bienes ni tierras para auto-proveerse de huerta y alimentos, desvinculados de la ruralidad que aprovisionaba de todo lo necesario para la subsistencia.

Queda claro pues que nunca se debería analizar la calidad de un país por su nivel económico o su PIB, sino por su nivel y estructura social y el reparto de su riqueza entre los habitantes.

En el siglo XXI, entre los años 2010 y 2015, España es uno de los países con peores condiciones de trabajo y dónde hay mayor precariedad laboral de la Unión Europea, según Vicenç Navarro. Además, España tiene uno de los mayores porcentajes de trabajadores pobres en la UE, así como que está entre los países que menos atención prestan al mejoramiento del conocimiento y la educación laboral.


Conclusión

Según comenta David Algarra, la desarticulación de los bienes comunales se ha producido por intervención del Estado. Por un lado, creció la dependencia del mercado en detrimento de la dependencia del monte y el campo. Por otro lado, la gestión de los comunales acabó siendo competencia del Estado, que se los apropió a través de los consorcios establecidos de forma forzada con los pueblos (apropiación administrativa, usurpación, desamortizaciones…), a la vez que hubo una ruptura de los sistemas mancomunados. Eva Serra aporta también que, un factor también decisivo en la privatización de los comunales fueron las ejecuciones judiciales de las universidades endeudadas.

Así bien, como comenta Albert Ferrer, «el Estado nunca juega un papel neutral ni inocente». Un Estado no es un País, y un País no es un Gobierno; el Estado está conducido por el Gobierno, pero un País es una entidad soberana de la población. Visto el drama gestor de la mayoría de Estados de cualquier continente, deberíamos repensar (y con cierta urgencia) la acción directa, el comunal y el sistema ácrata de gestión popular.


Epílogo personal…

Vivimos una actualidad tan desvaída, que no somos capaces de actuar. Buen ejemplo de ello ha sido la borrasca Gloria en España (enero 2020), al igual que reincidirán otros casos de climatología extrema u otras calamidades, donde la única solución que se plantea desde las instituciones se basa en un inventario de la catástrofe para valorar si hay dinero suficiente para sufragar su reparación. Bien, pues patente queda que el sistema capitalista pretende solucionarlo todo con dinero, pero si no hay, no se hace nada. La inacción, solo porque no hay dinero, parece un disparate incomprensible. En momentos como estos, es cuando se percibe de manera más nítida la necesidad de cooperación y ayuda solidaria de los conciudadanos para recuperar ese espacio compartido. Quizás un pueblo no tenga dinero para sufragar los daños y destrozos, pero un pueblo siempre posee cuantiosas manos. En nuestra historia contemporánea, todavía quedan acciones plausibles, como el auzolan (trabajo vecinal) en zonas de Euskal Herria, que dan buena muestra de ello.

Y la política, es tan tergiversa que los ministros actuales nada tienen que ver con el concepto para el que se crearon. Según su etimología, la palabra ministro proviene del latín minister, que significa sirviente, y ésta a su vez proviene de minus, que significa menos o menor. Tal y como comenta Irene Vallejo, «el ministro, según nuestros antepasados, es quien se ocupa de las minucias, o sea, de administrar asuntos menores. En cambio, lo fundamental, lo más, en latín magis, es la tarea del magister o maestro. Para los clásicos, era más importante enseñar que gobernar. Sabían que la educación es una profesión que merece el más alto prestigio y la mayor gratitud».    

Siendo conscientes, por las infinitas muestras a lo largo de la historia, de que el ser humano es una especie muy corruptible cuando alcanza poder, debería ser por ley que, o bien se limita el poder del gobernante, dando mayor poder de decisión al pueblo en asambleas o concejos abiertos, o bien se limite su capacidad de corrupción. Es curioso que prácticamente en ningún país nunca se ha trabajado la idea de incapacitar a los gobernantes de poderse corromper, claro está que las leyes las crean ellos mismos.

Aun así, en Cataluña sí que existieron unas prácticas de elección a ciegas, llamadas de insaculación, o desinsaculación, que por sorteo se elegían las personas para las distintas responsabilidades. Estas prácticas lamentablemente se abolieron a raíz del Decreto de Nueva Planta (1716). 

Hoy en día, la cosa es clara. Y los políticos, banqueros y grandes empresarios no se esconden de ello. Se jubilan con mucho dinero y buenas pensiones, mientras la mayoría trabajadora se pasa la vida ahorrando para poder vivir y jubilarse con unas pensiones mediocres, viéndose abocados a salir a la calle para defender, por ejemplo, unas pensiones dignas, para ellos y los que vendrán (como ha sucedido en los últimos años).

La conclusión es evidente. El sistema capitalista liberal falla, es erróneo. No aboga por el bienestar de los habitantes; sino en el crecimiento indefinido de la riqueza de unos pocos, curiosamente siempre bien avenidos entre ellos. Ahoga a las personas y destruye los recursos naturales limitados. No es un sistema eficaz como organización del bien común.

Pongamos pues en valor la ideología comunal, la solidaridad, la cooperación social, el apoyo mutuo, la autogestión, las asambleas populares y la lucha colectiva.



Bibliografía

Una parte de la bibliografía se encuentra remitida en el propio texto.

La citación de algunos autores en el texto, son extractos de los libros.

Libros:

  • Algarra, D., El Comú Català, 2018 (www.elcomu.cat).
  • VV.AA., Els béns comunals a la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII), 1998.
  • VV.AA., Episodis del moviment obrer als Països Catalans, volum 2, 2019.

Documental:

  • Documental No diguis blat… La memòria del món rural, Fundació del Món Rural, 2009.

Webs:

  • Peste negra

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0050564.xml

https://2leches.es.tl/2-.-2-.-3-Conflictes-socials-revoltes-camperoles-i-urbanes.htm

  • Conflictos Rabassaires

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX99rJ4M3sAhUxyoUKHcjqCVQQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FQuerol%2Farticle%2Fdownload%2F368005%2F461897%2F&usg=AOvVaw0UFv-0JWBSpIX4vCx1Mgcv

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL6fuY4s3sAhUG3xoKHT6nCNIQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FRecerques%2Farticle%2Fdownload%2F137766%2F192828%2F&usg=AOvVaw01ZPCw22woKxaZwUQq7fjZ

  • Gabella (impuesto)

https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Gabella

  • Guerra remences

La crisi de la baixa edat mitjana al camp: el conflicte remença

  • Cooperativismo agrario

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiby46Att7sAhVFz4UKHS4kANQQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FQuadernsAgraris%2Farticle%2Fdownload%2F359168%2F451189&usg=AOvVaw08tkds6JM4j8mHEID1A92Q

  • Ley de contratos de cultivo

https://elobrero.es/cultura/historia/item/12130-el-conflicto-de-la-reforma-agraria-en-catalunya-en-la-segunda-republica.html

  • Dictadura franquista

El franquisme alimentari

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